Desde 20minutos (capaces), nos informan que el Gobierno ha recurrido ante el Tribunal Constitucional, la Ley 1/2023, de 15 de febrero, de creación de la Agencia Madrileña para el Apoyo a las Personas Adultas con Discapacidad. La razón es la inclusión, en esta norma, de una disposición adicional en la que se dispone la necesidad de tramitar autorización judicial cuando se pretenda llevar a cabo cualquier actuación que afecte al derecho a la vida de la persona con discapacidad, a la que se haya provisto de un apoyo de carácter representativo.
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